Senado aprueba Aula Segura: Directores tendrán facultad de expulsar

La oposición logró imponer su postura en torno al proyecto Aula Segura y mantuvo como una facultad, y no como una obligación del director, la expulsión de un estudiante que cometa un hecho grave de violencia.

Si bien el acuerdo entre el Gobierno y la oposición quedó sellado pasadas las 21:30 horas, fue recién después de la medianoche que este consenso se hizo efectivo, cuando la sala del Senado aprobó por 33 votos a favor y uno en contra la iniciativa.

Disputa política que tuvo como gran perdedor al Gobierno, ya que el proyecto que fue sometido a votación es prácticamente el mismo que despachó la comisión de Educación del Senado, donde la iniciativa del Ejecutivo fue modificada íntegramente.

Este punto fue resaltado por la senadora de la Democracia Cristiana, Yasna Provoste.

“El proyecto que presentaba el Ejecutivo buscaba resolver las diferencias a través de la imposición autoritaria, represiva, propia de los que se pueden ejercer sobre bienes patrimoniales. Nuestro proyecto, el que hoy se discute, se funda sobre otros valores”, indicó.

Y en efecto, la iniciativa elimina la obligación al director para que expulse a un estudiante que participe de hechos violentos, debiendo iniciar un proceso sancionatorio, donde se podrá establecer como medida cautelar la suspensión mientras se desarrolla la investigación, la que podría derivar en una expulsión, como lo ratificó la ministra de Educación, Marcela Cubillos.

“Frente a casos que afectan gravemente la convivencia escolar, y que se describen y se tipifican en el proyecto, se deberá iniciar un procedimiento sancionatorio. Casos tan graves como éstos, tienen asociada tanto la ley como los reglamentos, causales de expulsión”, explicó.

“Frente a casos que afectan gravemente la convivencia escolar, y que se describen y se tipifican en el proyecto, se deberá iniciar un procedimiento sancionatorio” – Marcela Cubillos

Si bien el Ejecutivo logró reponer en la redacción del texto los conceptos de expulsión y cancelación de la matrícula, esto en la práctica no tendrá ningún efecto, debido a que esas medidas sancionatorias ya existen y se han aplicado en los casos de violencia que el Gobierno ha publicitado.

El senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre -el único que votó en contra el proyecto-, lamentó que no se haya podido avanzar en una solución más integral del tema de la violencia escolar, criticando la utilización mediática que hizo el Gobierno del tema.

“Yo creo que debimos haber evitado todo este debate con una buena mesa de trabajo, escuchando a los especialistas, podernos dar un tiempo más moderado para abordar el problema desde un enfoque más integral y no así a la rápida”, señaló.

Uno de los puntos que sí resuelve el proyecto, es que clarifica que la suspensión será atendida como una medida cautelar cuando se investigue un hecho de gravedad, por lo que en caso de que la sanción final sea la expulsión, los tribunales no invaliden la decisión por considerar que hubo un doble castigo, lo que fue valorado por la senadora de la UDI, Ena von Baer.

“Cuando se inicia un proceso sancionatorio que lleve a la expulsión, se va a poder suspender al alumno y no se va a entender que esa es una doble sanción”, explicó.

El otro elemento que logró reponer el Ejecutivo, es que la ley explicite lo que se entenderá por faltas graves, donde se incluyó el porte, tenencia y uso de armas o artefactos incendiarios, además de agresiones sexuales, amenazas y daño considerable del mobiliario, por lo que la norma podrá ser aplicada cuando se generen destrozos en las tomas.

El senador del PPD, Jaime Quintana, si bien destacó que el proyecto del Gobierno haya sido cambiado completamente, cuestionó que el Ejecutivo no haya tenido la apertura para haber considerado la opinión unánime que dieron todos los expertos, rechazando Aula Segura.

La iniciativa, cuyo título original ya no hace referencia a la expulsión, sino que a la transgresión de la convivencia escolar, será aplicable para cualquier miembro de la comunidad que cause daño físicos o psíquicos severos y no sólo para los estudiantes como proponía el proyecto del Gobierno, extendiéndolo también a los colegios privados.

Además, se establece que los colegios tendrán un plazo de 90 días, publicada la ley, para adaptar sus manuales de convivencia. También el Ejecutivo se comprometió a fortalecer los programas del Mineduc que apuntan a mejorar los climas de convivencia escolar.

El proyecto pasará ahora a su segundo trámite en la Cámara de Diputados, cuya discusión se iniciará al regreso de la semana distrital y donde el Gobierno dijo esperar la misma disposición de la oposición, para alcanzar acuerdos.

Extraído RadioBioBio
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