Cuando las instituciones no funcionan

Con vicios en su origen, ninguna de las instituciones que estaban llamadas a hacerse cargo del tema, lo hizo; Municipalidad de Paillaco, Servicio Nacional de Medioambiente, Superintendencia de Medioambiente, Servicio de Salud, Dirección General de Aguas, etc.-

Estamos hablando de la instalación de una Incineradora de Residuos Hospitalarios, a menos de 100 metros del límite urbano de la ciudad de Paillaco.

El Reglamento que regula la instalación para empresas de tratamiento de residuos peligros indica que no se puede instalar a menos de 500 metros de cualquier efluente de agua, ya sea subterránea o superficial. El primer vicio es que existen dos esteros y un pozo a menos de 500 metros de distancia.

En el 2011, durante la tramitación de la Declaración de Impacto Ambiental, se le consulta a la Municipalidad acerca de su opinión de esto, la municipalidad responde en primera instancia, luego se le vuelve a consultar y la alcaldesa de aquel entonces, no responde.

En el 2013, comienza a operar la incineradora y todo con lo que se comprometieron a realizar, no lo hacen: quemar a más de 900 grados de temperatura, obtener los derechos de agua ante la DGA para operar, monitorear los gases emanados de la planta producto de la combustión, etc., etc.

En el 2014, se realiza la primera fiscalización, a raíz de una denuncia anónima de un ciudadano, encontrándose que la combustión no superaba los 300 grados de temperatura, que se derramaban restos bilógicos en el suelo, etc.

En 2018, a raíz de una nueva denuncia ciudadana, se solicita sancionar a la empresa o en su defecto volver a fiscalizar lo que se había detectado en 2014, producto de ello se culmina un proceso sancionatorio, previo cierre por 20 días hábiles, con una condena en el Tribunal Ambiental de 200 millones de pesos, sobre la cual la empresa se acogió a descuento de 25% y cancelando finalmente 150 millones de pesos.

Este 2019, se solicitó a la Dirección General de Aguas verificar si la empresa posee los derechos de aprovechamiento de agua, los cuales se verificó que no los tiene y por ende comienza en estos momentos un nuevo proceso sancionatorio.

Todo esto debió pasar, porque ninguna autoridad competente hizo la pega, así es, se tuvo que llegar a la debacle financiera de la empresa, para que ellos decidieran cerrar, pero gestión de un ente fiscalizador, nada.

En un futuro sólo quedará el recuerdo de las personas que “sí” hicieron algo por cerrar esta planta y que anónimamente muchos, su interés era proteger a la comunidad de la contaminación que allí se producía.

Sólo quedará el recuerdo que aunque las instituciones no funcionen, sí puede funcionar una comunidad civil responsable y conscientes de sus derechos, que aunque la lucha sea desigual (económicamente), la justicia tarda, pero llega.

Anónimo

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