Contralor confirmó responsabilidad de autoridades políticas en desvío de recursos de la Salud

Satisfecho se mostró el diputado Bernardo Berger con la sentencia de la Contraloría General que ratificó las culpabilidades de autoridades políticas involucradas en el desvío de 70 millones de pesos destinados a la salud primaria pero que fueron a parar a una actividad gremial en Valdivia el 2015. El legislador adelantó que ingresará estos nuevos antecedentes a la investigación penal que conduce la fiscal del Ministerio Público Tatiana Esquivel.

“En este caso la justicia tarda pero llega; nos deja satisfechos que el dictamen de la Contraloría corrobore todas y cada una de las acusaciones, temores y aprehensiones que teníamos en este caso de desvío de recursos públicos del Minsal”, afirmó Berger esta mañana.

Agregó quela sentencia es absolutamente lapidaria respecto a las culpabilidades administrativas, y estos antecedentes los voy a poner a disposición de la justicia durante la semana como un elemento más de la causa que se ventila en tribunales por los alcances penales que podría tener”, adelantó el legislador por Los Ríos.

La denuncia había sido presentada por Berger en diciembre de 2015 tanto ante la Contraloría por los eventuales alcances administrativos, como en los tribunales de Justicia por la existencia de eventuales delitos, entre ellos desvío de recursos públicos, fraude al fisco y asociación ilícita. Las diligencias investigativas de la persecutora continúan en desarrollo.

La resolución emitida hace pocos días por el contralor General Jorge Bermúdez, determina la responsabilidad y participación en los hechos del ex director del Servicio de Salud de Los Ríos y actual diputado socialista Patricio Rosas, y de la alcaldesa de Paillaco, del mismo partido, Ramona Reyes, además de otros dos funcionarios.

En el caso de Rosas, el órgano contralor resolvió una medida disciplinaria de multa de un 5% de su remuneración mensual y una anotación de demérito de dos puntos en el factor de calificación. Además requiere que sea la Presidencia de la República quien informe en el plazo de 10 días hábiles a la unidad de Seguimiento de Fiscalía “de lo que se resuelva en definitiva en relación con la medida disciplinaria que se propone como resultado del presente sumario respecto de don Patricio Rosas Barrientos”, señala el escrito.

El caso de la alcaldesa paillaquina es más complejo, puesto que la Contraloría rechazó los recursos jerárquicos de ésta –apelaciones y descargos- e instruyó que el Concejo Municipal emita un pronunciamiento “sobre la responsabilidad administrativa que se acreditó respecto a doña Ramona Reyes, alcaldesa de dicha entidad edilicia”.

Además, conminó a la Municipalidad de Paillaco a informar dentro del plazo de 10 días hábiles (…) acerca de lo que resuelva en relación medidas disciplinarias.

Como resultado de la acción sumarial también fueron sancionados la ex directora jurídica del Servicio de Salud Claudia Polo Ahern, y el director del departamento de salud municipal de Paillaco Cesar Durán.

Acceso a informe contraloria

https://es.scribd.com/document/402765490/Res-Ex-N-766-de-2019-Contralor-General

 

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